El PSOE de Extremadura propondrá al alcalde de Hornachos (Badajoz), Francisco Buenavista, como candidato para presidir la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) en la asamblea que se celebrará la próxima semana.
El candidato socialista ha sido decidido por la Comisión Permanente del PSOE de Extremadura, según ha informado el portavoz del partido, Miguel Ángel Morales, en rueda de prensa en Mérida.
Por su parte, el alcalde de Mérida y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Antonio Rodríguez Osuna, ha alertado de que la reforma de la Ley de Sostenibilidad de las Administraciones Locales, y a partir del 1 de enero afectará "de manera muy grave" a todos los ayuntamientos españoles, ya que "más de dos millones y medio de personas se van a quedar sin la red de servicios municipales".
Según ha explicado, esta reforma "va a hacer desaparecer 70.000 puestos de trabajo relacionados con los servicios sociales" en todo el país,
Rodríguez Osuna ha lamentado que "corren peligro" servicios que prestan los ayuntamientos como los comedores municipales, la ayuda a mayores y dependientes o programas como la atención a víctimas de violencia de género, entre otros, según ha apuntado el alcalde de Mérida.
Se trata de servicios que prestan los ayuntamientos que "son competencias impropias" y que a su juicio "deben venir financiados por la administración" del Estado o de las Comunidades Autónomas, ha alertado Rodríguez Osuna.
Ante esta situación, el alcalde de Mérida ha criticado que el PP "no ha querido escuchar las quejas de más de 3.000 municipios españoles y colectivos afectados por esta ley", ha dicho, y ha lamentado que "pasa la patata" a las Comunidades Autónomas, que son, según establece la nueva ley, las que deberán asumir estas competencias.
"El PP elimina la obligación de los poderes públicos de garantizar la prestación de servicios sociales", algo que a juicio del alcalde de Mérida "es algo muy grave que va a afectar de manera muy importante a la mayoría de los ayuntamientos de este país".
Ante esta situación, Rodríguez Osuna ha reclamado que "se apruebe una moratoria" para que no entre en vigor esta ley el 1 de enero de 2016, con el objetivo de que "se pueda reformar" esta norma.
