El secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES), César Santos, ha señalado la existencia de informes de la Intervención de la Junta de Extremadura que apuntaban que no existía "ningún tipo de contrato" entre la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra y la empresa Sainforan SL, que entre 2003 y 2011 prestó servicios de mantenimiento por importe de 50.000 euros al mes, hasta un montante de 7 millones de euros.
César Santos se ha referido este jueves a la imputación del exgerente del Área de Salud, Manuel Enrique Fernández, entre los años 2003 y 2011, por un presunto delito de prevaricación, derivada de la denuncia presentada por el SES el pasado mes de abril, tras una investigación interna iniciada al comenzar el mandato del PP en Extremadura.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, el responsable del SES ha subrayado que el Gobierno de Extremadura respeta "todas las actuaciones judiciales", y que el Ejecutivo regional, como ya ha señalado el presidente regional, José Antonio Monago, considera que "cuando las cloacas huelen, hay que limpiarlas".
En este sentido, ha ofrecido detalles sobre el asunto investigado, sobre el cual ha señalado que "probablemente" habrá más imputados, aunque ello depende del procedimiento judicial, al tiempo que ha descartado que esta situación, en la que se prestaban servicios "saltándose absolutamente todos los procedimientos" de la Ley de contratación pública, se haya repetido en otros centros hospitalarios.
Asimismo, ha negado que en estos momentos no se está investigando en el seno del SES ningún otro caso que pudiera ser constitutivo de irregularidades. "Si lo conociésemos, fuese quien fuese, no tenga la más mínima duda de que lo estudiaríamos y los denunciaríamos si fuera necesario", ha aseverado.
El asunto denunciado se produjo, según ha recordado Ramos, en un periodo en el que los consejeros de Sanidad fueron Guillermo Fernández Vara, posteriormente presidente de la Junta y actual secretario general del PSOE regional, y María Jesús Mejuto, "responsables en definitiva de todo" lo que ocurriera entonces en el SES".
Según ha dicho, lo "único" que había entre los responsables del Hospital de Zafra y la empresa fueron "acuerdos entre las partes de forma verbal, que no tenían contenido ni sustento en la Ley de contratos". La prestación de estos servicios de mantenimiento suponían en su conjunto un importe de 50.000 euros al mes, para un montante global de 7 millones de euros entre 2003 y 2011.
A preguntas de los medios sobre la fecha en la que se ha tramitado la denuncia, tras tres años de Gobierno del PP, ha señalado que "un posible caso de corrupción" como este, ha dicho, es algo que "necesita su estudio y su análisis".
Ha asegurado en este sentido que en el momento en el que se conocen los hechos, en noviembre de 2011, se comienza a estudiar toda la documentación y las actuaciones de la gerencia del área. Tras finalizar el análisis, se adoptó la decisión de interponer la denuncia, en abril de 2014.
Sobre la posibilidad de que haya más implicados además del gerente ha dicho que "probablemente" los habrá, pero que esta es una cuestión que ya depende del propio procedimiento judicial. Al respecto, ha añadido que "la responsabilidad puede venir de cualquier persona que haya tenido responsabilidad de gobierno" en la propia área de salud, en el conjunto del SES e incluso del propio Gobierno.
Además, César Ramos ha indicado que desconoce los sistema de control que han podido fallar para que este asunto, iniciado en 2003, no se haya conocido por parte de la opinión pública hasta 2014, si bien ha remarcado la existencia de informes de la Intervención de la Junta de Extremadura en los que se apuntaba la "ausencia de la contratación en el mantenimiento del Hospital de Zafra".
Unos informes que, según ha recordado Ramos, son "recomendaciones que se deben tener en cuenta". "Si no se han tenido en cuenta no puedo decirles nada más. No lo sé", ha apostillado.
