El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), en el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha afirmado que en la región perduran situaciones de "exclusión social graves entre la infancia, que deben ser abordadas de manera integral", con la superación de "acciones aisladas y proyectos puntuales".
Así, existen situaciones "injustas que deben ser corregidas en materia de protección tutelar de menores, deficiencias graves de inversión pública en atención psicopedagógica a la infancia, y una falta seria de apoyo a la investigación científica en las necesidades de menores".
De este modo, "no hay una apuesta pública estable por la educación en la vida democrática y la participación real de la infancia, más allá de actos aislados en algunos municipios", según ha informado el CJEx en nota de prensa.
El CJEx ha reclamado a los poderes públicos "que escuchen y atiendan las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales en la materia, e invita a toda la sociedad civil a prestar una atención mayor al colectivo de la infancia en Extremadura".
SITUACIÓN EN ESPAÑA
Además, esta organización ha querido expresar "su profunda preocupación" por la situación que casi tres millones de niños viven en España, "donde la garantía de protección y cumplimiento de sus derechos básicos quedan en entredicho".
Asimismo, el CJEx ha destacado que, en el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha avanzado "de forma positiva en la reducción de la mortalidad infantil, el aumento de la escolarización y las oportunidades para las niñas".
No obstante, las desigualdades en materia de derechos de la infancia se han incrementado porque "todavía hay muchos niños que han quedado aún más rezagados que antes", como reconoce Unicef en su informe 'Estado Mundial de la Infancia en Cifras', donde se ve que la desigualdad "aumenta".
LA REALIDAD INFANTIL EN ESPAÑA
La situación de la infancia en España resulta "cada vez más preocupante, los datos definen una realidad muy dura y desigual" y es un país con "una muy alta tasa de pobreza infantil" (27,5 por ciento).
Esta situación viene derivada (entre otras cosas) "de un alto nivel de desempleo y de unas débiles políticas sociales de protección de los niños y sus familias", y se genera así "desde la infancia una desigualdad que, de no corregirse, sólo puede devenir en una sociedad todavía más desigual e injusta en el futuro".
DATOS
En este sentido, en España en 2013, 32,6 por ciento de los niños (de 0 a 17 años) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, según Arope, y 2.306.000 estaban bajo el umbral de la pobreza.
Asimismo, "especialmente grave es que la pobreza severa -rentas inferiores al 30 por ciento de la mediana- sea en los niños superior al 10", según datos de 2014 de Foessa.
El número de los hogares con niños en los que todos los adultos están sin trabajo ha crecido en un 290 por ciento desde 2007, según información de 2013 de Eurostat.
La brecha de la pobreza entre hogares con niños y sin niños ha pasado de una diferencia de 3,2 puntos porcentuales a 11,5 entre 2004 y 2012. Todos los tipos de hogares que tienen niños a cargo soportan "tasas de pobreza claramente superiores a la media y a los tipos de hogares en los que no hay".
Además, hay "altos niveles de fracaso escolar" (23,1 por ciento de los alumnos acaban ESO sin obtener la titulación) y "de abandono educativo temprano" (el 23,5 no continúan los estudios) mientras se reduce un 10 la inversión educativa entre 2008 y 2012.
INVERTIR EN INFANCIA
La Estrategia de Infancia y Adolescencia 2013-2016 de España, así como el Plan de Inclusión 2013-2016, "suponen un enfoque más integrado de las políticas contra la pobreza infantil", pero que sólo "podrán ser efectivas si se desarrollan proyectos adecuados de prevención y protección social".
Así, "invertir en infancia es justo, es rentable, beneficia a todos, y es un elemento fundamental en el cumplimiento de los derechos de los niños", y en la transformación de las sociedades.
A pesar de ello, "la inversión pública española en políticas sociales de infancia y familia está a mucha distancia" de la media de la UE (1,4 por ciento del PIB frente a un 2,2 de la UE28 o 2,3 de la UE15).
La dotación presupuestaria para infancia "ha caído en términos reales un 6,8 por ciento desde 2007", pero el impacto de la crisis ha sido "mucho más evidente desde el comienzo de las medidas de austeridad, con una reducción total desde 2010 de 6.370 millones de euros" (un 14,6 menos) y de 772 por niño.
El bienestar "de todos depende (y mucho) de los niños", por lo que es "urgente y necesario un plan extremeño por la infancia para actuar de forma decidida y en conjunto en la protección de los derechos" de los mismos en Extremadura.
En todo ello, el papel de la sociedad civil es "indispensable para garantizar un compromiso público eficaz, al margen de la alternancia política".
