El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado, este jueves, la Ley Agraria de la comunidad, que regula las "necesidades" de agricultores y ganaderos "adaptándolas" al siglo XXI.
Asimismo, la norma "garantiza" un máximo presupuesto anual para el sector en las cuentas públicas y "facilita" la celebración de elecciones al campo, entre otras cuestiones.
En nota de prensa, el Gobierno extremeño ha destacado la "obligatoriedad" de reconocimiento de los seguros agrarios, la apuesta por la integración cooperativa, las "mejoras" que introduce para facilitar la incorporación de los jóvenes y la mujer a la actividad agraria, además de "una mejor regulación" de las elecciones al campo; aportaciones --ha recordado-- incluidas en la nueva ley que fue aprobada en el Parlamento extremeño hace un mes.
Además, la ley deroga un conjunto de normativas que afectan a agricultores, ganaderos y a la agroindustria; la mayoría de las cuales no se pueden aplicar al entrar en contradicción con la directiva europea. Y lo hace, ha asegurado el Ejecutivo regional, "respetando las competencias establecidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Estado y la Unión Europea".
Entre esas normativas autonómicas derogadas se encuentran la ley de Mercados; de Tierras de Regadío; de Financiación Agraria Extremeña; sobre Ordenación de las Producciones Agrarias; de Fomento de la Agricultura Ecológica; o de Elecciones al Campo. "Se trata de una situación legislativamente indigna para el sector, que ahora tiene una ley única adaptada a la nueva realidad del campo", ha apostillado.
Entre los objetivos que persigue la Ley Agraria de Extremadura destacan --tal y como ha detallado-- el de "fortalecer y mejorar" la competitividad del sector agrario; fomentar la producción agroalimentaria "de calidad"; impulsar el desarrollo de la investigación y la innovación en la agricultura, ayudar a las "nuevas" generaciones a incorporarse al campo; "garantizar" un modelo de crecimiento "sostenible"; simplificar la burocracia; y "garantizar" la participación de los agentes sociales y económicos en el diseño y la aplicación de la política agraria extremeña.
25% DEL PRESUPUESTO REGIONAL
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha reiterado que la Ley "fija" que, "gobierne quien gobierne", se destine el 25 por ciento de las cuentas autonómicas "a todo lo que supone el sector agrario".
"Este año ya se destina el 22,1 por ciento solo en la Consejería de Agricultura; y se alcanza ese 25 por ciento con inversiones al sector procedentes de otras áreas de Gobierno. Inversión histórica en Extremadura", ha subrayado.
Se trata sobre todo --ha continuado-- de una ley "innovadora", en la que "destacan" novedades como la configuración de un marco legal que permitirá a los agricultores y ganaderos "adecuar sus producciones a las necesidades del mercado".
También contempla la regulación "por primera vez en Extremadura" de todo lo relativo a la calidad agroalimentaria y la simplificación de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen (DO) y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).
Otras cuestiones que aborda es el reconocimiento del carácter fundamental de los seguros agrarios; además de permitir la transformación en regadío de las Zonas de Interés Regional y Zonas Regables singulares que se declaren, simplificar el procedimiento de concentración parcelaria y amplía la de red primaria de caminos públicos; y regular montes y aprovechamientos forestales, el proceso de consulta para determinar la representatividad de las OPAS, y las Entidades Agroalimentarias Prioritarias.
ELECCIONES AL CAMPO
Por otro lado, la ley también sienta las bases para regular las elecciones al campo "con todas las garantías", para medir la representación de las organizaciones agrarias en el Consejo Asesor Agrario.
"Antes se elegían a representantes en la Cámaras Agrarias, ya extinguidas. En este nuevo modelo de consulta no se eligen a representantes sino derecho a sillas en el Consejo Asesor Agrario. Además, actualmente el censo lo constituyen afiliados a la Seguridad Social Agraria", ha puntualizado la Administración autonómica.
A partir de ahora, --ha añadido-- "se amplían a perceptores de ayudas PAC que superen los 5.000 euros anuales o los que acrediten que, al menos, el 25 por ciento de sus rentas provienen del sector agrario".
Se trata de un modelo "más democrático", según el Gobierno regional, porque "no se trata de derechos a subvenciones públicas, que podrían tener criterios más limitados, sino de derecho a votar".
Además, "copia el modelo nacional de representatividad de organizaciones y de censo" porque, tanto la ley nacional como la Ley Agraria, "permite que se celebren al unísono", y de esta forma, "se podría garantizar que se realizasen cada cinco años, aprovechando los medios y logística del Estado, lo que supone un modelo más sostenible", ha señalado.
INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES AL CAMPO
Otra cuestión "importante" que recoge la nueva ley es la regulación para la incorporación de jóvenes al campo.
En su artículo 33 contempla acciones como el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; el tratamiento preferente en el acceso a las medidas de apoyo al sector agrario, a las parcelas del Fondo de Tierras, a los cursos y programas de formación agraria; y para la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, cuotas y otros derechos que genere la PAC de acuerdo con la normativa agraria comunitaria.
También incluye un texto para fomentar la participación de la mujer en el campo, para favorecer el reconocimiento jurídico y económico de su participación en el sector, regular el acceso a la titularidad exclusiva de la explotación agraria; y la constitución de la mujer como titular de una explotación agraria de titularidad compartida.
En definitiva, lo que se busca con esta legislación es "simplificar la burocracia, desarrollar un modelo de crecimiento sostenible y garantizar la participación de los agentes sociales y económicos", aspecto que "quedan patentes" en el texto, ha sentenciado el Ejecutivo regional.
