El secretario general de UGT Extremadura, Francisco Capilla, ha señalado que tiene la "sensación" de que la denuncia presentada por el Gobierno regional por el presunto fraude en los cursos de formación de trabajadores responde a la falta de fondos en la Administración para afrontar pagos atrasados con las propias organizaciones.
Francisco Capilla entiende de esta forma que el Gobierno de Extremadura "se ha gastado unos fondos finalistas" destinados al pago de los cursos de formación, y que aún adeuda a las propias organizaciones implicadas, "y en estos momentos no tiene disposición para poder pagar".
Según ha señalado el propio Capilla días atrás, el Gobierno de Extremadura adeudaría a UGT casi 750.000 euros por diferentes planes de formación, de los que 456.000 euros corresponderían al plan de 2011, que es el denunciado, 100.000 euros al de 2012 y 193.000 euros al de 2013.
Capilla se ha referido a este asunto tras ser preguntado en una rueda de prensa en Mérida donde ha señalado además que las entidades implicadas en el presunto fraude de los cursos de formación de trabajadores han pedido al Gobierno regional que incluya en el orden del día de la Comisión General de Trabajo de la próxima semana un punto relativo a los planes de formación de 2011, porque aún no tienen conocimiento de la denuncia.
"Se ha convocado un Consejo General de Empleo para la próxima semana, y en el orden del día no viene la Formación de 2011, y desde las organizaciones afectadas han pedido que se incluya en un punto del día porque quieren saber", ha señalado Capilla.
El sindicalista considera "increíble" que el Ejecutivo regional no se haya puesto en contacto aún con los sindicatos UGT, CCOO, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEx) y Cepes-Extremadura para abordar este asunto, del cual asegura que desconocen la propia denuncia, al contrario que Manos Limpias, que ha trasladado la misma a al Fiscalía Anticorrupción.
En su opinión, Manos Limpias, que ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraude destapado por el Gobierno regional, "no es un sindicato, porque no se le conoce ningún representante sindical en ninguna empresa ni en la administración española".
Asimismo, cree que es "una organización de extrema derecha justiciera, que actúa normalmente al socaire de la derecha española contra las organizaciones progresistas, de izquierdas". Por tanto, Capilla sostiene que esta organización está "claramente está actuando como apoyo al Gobierno de Monago". "Son sus aliados naturales de Monago", ha remachado.
