El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-SIEX, Valentín García, ha pedido tanto a los diputados del PP, Fernando Manzano y Consuelo Rodríguez, como a Alejandro Nogales, de IU, que pidan “disculpas públicas” ante una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el blindaje de la sanidad pública que ha dado la razón a los socialistas.
Así, y según la sentencia que Valentín García ha dado a conocer este viernes una sentencia con fecha de 1 de febrero, se avala el recurso de amparo presentado por el PSOE contra la decisión "arbitraria, ilegítima, inadecuada y caciquil" de la Mesa de la Cámara legislativa, en concreto en las sesiones del 27 de febrero y 5 de marzo de 2013, con la que la "mayoría" formada por los miembros del PP e IU no permitió el debate de una propuesta de Ley del PSOE que pretendía blindar la sanidad pública frente a privatizaciones.
Por ello García ha pedido que estas personas pidan disculpas “por vulnerar sus derechos constitucionales” y ha señalado que, dos años y medio después “y antes de lo que esperábamos” esta sentencia demuestra que “Manzano, Rodríguez y Nogales no permitieron desarrollar al partido socialista el artículo 23 de la Constitución Española que protege el derecho de la representatividad política”.
Asimismo, ha señalado que el fallo pone de manifiesto que en la pasada legislatura hubo "momentos" en los que el PP e IU "consideraron la Asamblea como su cortijo, y tomaban decisiones por encima de la Ley, del Reglamento de la Asamblea, y en este caso de la Constitución".
“Con esta sentencia se les da un capón constitucional a estos ilustres políticos”, ha destacado García al tiempo que ha explicado que la sentencia lo que viene a decir es que como miembros de la Mesa de una cámara regional han de limitarse "a verificar si la iniciativa cumple formalmente los requisitos" recogidos en el Reglamento, y no entrar en el fondo de la cuestión.
“Estamos ante un hecho muy grave que muestra la actividad antidemocrática y los intereses sectarios” de quienes tumbaron la iniciativa socialista, y que pusieron "los intereses partidarios por encima de las obligaciones de representación constitucional".
El PSOE hubiese pedido la dimisión de Manzano
Por otra parte el portavoz socialista ha señalado que si no hubiera concluido la legislatura en la que se produjeron los hechos el grupo parlamentario socialista hubiera pedido la dimisión de Fernando Manzano, ex presidente de la Asamblea de Extremadura.
Así ha señalado que lo que se ha hecho con esta sentencia es “una reparación moral” y ha indicado que en caso de que las disculpas no se produzcan, sería el "reflejo de la catadura moral de estos personajes que se llenan la boca y se envuelven en la constitución como si fuera palabra de Dios", y que si la han incumplido "lo mínimo" que deberían hacer es "pedir disculpas", así como que se demostraría el "poco apego que tienen a la Constitución, más allá de utilizarla como material electoral".
Volverán a llevar el proyecto de ley a la Asamblea
El portavoz del Grupo Parlamentario PSOE-SIEx ha señalado que volverán a presentar este proyecto de ley en la Asamblea de Extremadura pero “son prisas”.
En este sentido ha explicado que cuando quisieron presentar esta propuesta y se les denegó “era porque el PP extremeño estaba en contacto con empresas privadas para que los hospitales de Talarrubias, Cáceres y Don Benito se privatizaran como estaba ocurriendo en Madrid”.
Por ello ha destacado ahora "no corre prisa" porque el gobierno actual "no es un elemento preocupante de privatización, sino todo lo contrario, es un elemento garante. No tiene tentaciones de privatizar la sanidad en Extremadura".
“La aprobación de los PGEx es responsabilidad de los grupos parlamentarios”
Por otra parte, y preguntado sobre la aprobación de los presupuestos regionales ya que este viernes se acaba el plazo de los grupos parlamentarios para presentar sus propuestas al documento que les entregó la Junta, García ha indicado que “la responsabilidad de que aprueben los presupuestos es de la Junta pero también de los grupos parlamentarios”.
Por ello ha indicado que espera que los grupos parlamentarios "en lugar de mirar de reojo a ver qué hace el grupo parlamentario de la derecha o de la izquierda, o lo que está pasando en Madrid, miren a la cara a los 1.100.000 extremeños" actúen para alcanzar un acuerdo.
Por ello, ha pedido a los partidos de la oposición que estén "a la altura de sus responsabilidades", dado que el Presupuesto es responsabilidad del gobierno regional y de los grupos parlamentarios "en igual medida", ha dicho, después de que el proyecto de ley fuera devuelto por la mayoría de la Asamblea el pasado mes de diciembre, al prosperar una enmienda a la totalidad de Podemos, con el apoyo del PP.
En caso de que finalmente el acuerdo no fructifique, ha advertido a los grupos que con un Presupuesto prorrogado tendrán que responder a "quienes tanto exigen, cuando exijan políticas sociales", que en las cuentas del año pasado "no estaban", así como que el Ejecutivo tendrá "dificultades" para pagar subida salarial del 1 por ciento a funcionarios o para abonar la renta básica.
Igualmente, la Junta no podrá desarrollar las "nuevas políticas de igualdad" que votaron los ciudadanos en las elecciones y que "los presupuestos restrictivos y de recortes" del gobierno de Monago no las contemplaban.
Concentración por el cierre de la mina de Aguablanca
Por otra parte, preguntado sobre si va a acudir a la concentración que se va a llevar a cabo mañana sábado en Monesterio contra el cierre de la mina de Aguablanca, García ha contestado que él sí y que otros miembros del partido socialista también estarán en Monesterio porque entienden que “no hay razones objetivas para cerrar la mina”.
García ha defendido que la empresa tiene "recursos y beneficios suficientes" para terminar la explotación como tiene concedido hasta 2019, y ha criticado que tras haber realizado la extracción en el exterior, ahora la empresa renuncie a acometer la explotación en galería.
Por ello, ha considerado que el Ministerio de Industria, que "tiene el 50 por ciento de la explotación” debe, junto a la Junta de Extremadura "obligar a la empresa a que termine la explotación del yacimiento" y, además, debe "agilizar" la declaración impacto ambiental que tiene solicitada la empresa para continuar las extracciones en Monesterio.
