Los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, han votado de forma unánime a favor de una propuesta de pronunciamiento en la que instan al Gobierno a aprobar de forma "inmediata" la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación en galería de la Mina de Aguablanca.
Un trámite administrativo que permitiría la transmisión de los derechos mineros con el fin de mantener la actividad y el empleo en la explotación de Monesterio (Badajoz). De esta actividad dependen 400 empleos directos e indirectos, principalmente de esta localidad pero también de otros municipios de la zona, incluso algunas de ellas procedentes de la provincia de Huelva.
Cabe recordar que el próximo 30 de junio expira el plazo dado para encontrar un comprador de la explotación minera que evite la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo presentado por la empresa Río Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining.
El debate, pese a la unanimidad en la votación, se ha producido en medio del reproche mutuo de acusaciones de oportunismo electoral. Por un lado, los socialistas, en palabras del diputado Celestino Vegas, ha reprochado a los populares que el presidente del Gobierno y candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, que visita este jueves la región, pudiera traer "debajo del brazo" la DIA de Aguablanca a tres días de las elecciones.
Vegas ha señalado que si así es, Rajoy demostraría que tiene "poca vergüenza" si después de tres meses desde que el Ministerio de Industria se comprometió a agilizar los trámites la hubiera sacado "del cajón" este jueves aprovechando su visita a la región.
Asimismo, considera que habría cometido una "negligencia", en tanto que a falta de apenas una semana para que expire el plazo para ejecutar los despidos, Vegas considera que las posibilidades de negociación con las empresas interesadas en continuar la explotación en el subsuelo se verían reducidas por la falta de tiempo.
Por su parte, el parlamentario 'popular' Francisco Ramírez ha señalado que la DIA es un procedimiento técnico y no político, de modo que ha reprochado a los socialistas que hayan propiciado este debate tres días antes de las elecciones, al tiempo que ha pedido a los socialistas que asuman su responsabilidad y dejen de echar la culpa al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
PENDIENTE DESDE HACE UN AÑO
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEx), Celestino Vegas, encargado de defender la propuesta, ha recordado que fue la propia empresa titular de los derechos de explotación la que hace un año, concretamente en julio de 2015, solicitó al Ministerio de Industria la DIA para continuar la actividad en galería.
Sin embargo, en enero de este año Río Narcea anunció su decisión de extinguir los empleos alegando una reducción de rentabilidad propiciada por la caída de los precios del metal, en este caso del níquel, principalmente recurso de Aguablanca.
Tras la presentación del Expediente de Regulación de Empleo el 12 de febrero, se inició una serie de reuniones en las que participaron los trabajadores --que incluso protagonizaron un encierro como medida de protesta--, los sindicatos, alcaldes de la zona, así como la Junta de Extremadura y la de Andalucía, además del Ministerio de Industria.
Según ha dicho Vegas, la actuación del Gobierno, que no ha resuelto la modificación de la DIA solicitada por la empresa hace un año, pone en riesgo la continuidad de los 400 empleos y de buena parte de la economía de la zona.
JUGAR CON EL "PAN" DE LAS FAMILIAS
"No están cumpliendo los compromisos asumidos por el ministro" cuando dijo que iba a intervenir para que agilizar la aprobación de la DIA, ha aseverado, al tiempo que se ha preguntado "¿a qué están esperando?" en el PP extremeño para exigir celeridad al Gobierno.
"Están esperando al señor Rajoy a que la traiga debajo del brazo", se ha respondido Vegas, quien ha acusado al Ejecutivo del PP de jugar "con el pan de 400 familias".
Por su parte, el diputado del Grupo Popular Francisco Ramírez ha acusado a su vez a los socialistas de propiciar este debate por un "interés puramente electoral", al tiempo que ha dicho que al PSOE "no le importan las familias mineras", como en su opinión se desprende del rechazo a dos enmiendas 'populares' a los Presupuestos de la comunidad relativas a la elaboración de un plan alternativo para la zona cuando se acabe su explotación, prevista para dentro de tres años.
LA JUNTA DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD
Asimismo, ha acusado a tanto a socialistas de votar contra otra enmienda relativa a la seguridad en la minería, que fue asimismo rechazada por Podemos, por lo que ha responsabilizado también a sus diputados de no actuar a favor de los mineros "dentro de sus competencias".
En cualquier caso, Ramírez ha insistido en que la aprobación de la DIA es una decisión técnica y no política. "Todo lo que pasa aquí es culpa de Rajoy", ha exclamado el diputado 'popular', quien ha pedido a la Junta que se ponga "a gobernar ya" y que "dejen de escurrir el bulto".
SE MARCHA TRAS "RAPIÑAR" LOS RECURSOS
El diputado de Podemos Daniel Hierro ha coincidido con el argumento socialista de que, en caso de que Rajoy anuncie este jueves en su visita a la región la aprobación del DIA, se trataría de una actuación "oportunista y electoralista", si bien también ha compartido la acusación de los 'populares' de que el debate planteado por el PSOE responde igualmente a motivos electorales.
Hierro ha ido más allá del debate y ha señalado que el riesgo en el que se encuentran los empleos de los mineros se debe en parte a las reformas laborales del PSOE en 2010 y del PP en 2012, que según ha dicho, permiten a las multinacionales "rapiñar lo mejor de los recursos" de la región y cuando ven que no es lo suficientemente rentable se marchan sin pagar un precio, que en este caso asumen los trabajadores.
"Se han llevado lo mejor de la mina y cierran en el peor momento para los trabajadores", ha subrayado el diputado de la formación morada, quien ha pedido a la Junta que en lugar de hacer "gestos electoralistas a tres días de las elecciones", propicien "leyes que impongan a las empresas una rentabilidad social".
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN
Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que este debate es "un claro ejemplo" de la necesidad de afrontar una "reforma urgente" de la administración española.
Según Domínguez, no se hablaría a falta de una semana para que expire el plazo sobre la continuidad o no de los empleos si la administración pública española fuera "ágil, eficaz y transparente para los ciudadanos", y se situara "lejos del silencio y la opacidad" que en su opinión está manteniendo el Ministerio de Industria respecto a este asunto.
"Es incomprensible que el procedimiento no esté cerrado todavía, salvo que se esté jugando en una clave absolutamente electoral, aún más cuando hay empresas que han mostrado su interés en continuidad de una actividad de la que dependen 400 empleos y la economía de la zona", ha dicho.
