La organización Facua-Consumidores en Acción ha reclamado a la Junta de Extremadura "transparencia" en la gestión del canon del agua, después de que la Asamblea regional haya aprobado su reducción al 50 por ciento en 2018 y su "eliminación total" en 2019.
Asimismo, han recordado que el canon del agua, una tasa autonómica que se aplica en el recibo del agua a "todos los domicilios" de la comunidad extremeña, "tiene un carácter finalista que debe estar relacionado con un objetivo concreto como la mejora de las infraestructuras o mantenimiento", entre otros.
En este punto, Facua ha explicado que "ni el ejecutivo actual ni el anterior, que puso en marcha la tasa, han indicado a qué se ha destinado lo recaudado, ni las razones que justifiquen la aplicación" del canon del agua.
Al mismo tiempo, han indicado que "desde su aprobación" por el entonces Gobierno del Partido Popular de José Antonio Monago "hasta hoy, no se ha justificado para qué se estableció" esa tasa, "ni han informado qué mejoras se han hecho en el sistema".
Por estos factores, Facua presentó "las debidas alegaciones a instancias de su Delegación en Extremadura al Anteproyecto de Ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas" el pasado mes de marzo, e intervino en la cámara regional para exponer las mismas.
Además, la asociación se ha dirigido "en numerosas ocasiones" al ejecutivo autonómico para "solicitar información sobre las obras hidráulicas que se han realizado con el importe recaudado mediante el canon, sin recibir respuesta en ninguna ocasión".
REGLAMENTO MARCO
En otro orden, Facua ha expresado la "necesidad de un reglamento marco" para el suministro domiciliario de agua en Extremadura" que recoja elementos como "los derechos y deberes de los suministrados, las responsabilidades de las empresas de agua o las inspecciones de la administración", según ha informado la organización en nota de prensa.
Además, ha pedido una "estructura de tarifas progresiva y vinculada al número de residentes en los hogares, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de forma realista y justa", aunque han señalado que el suministro domiciliario es competencia de los ayuntamientos.
Dicha regulación, según Facua también "debe ser además garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y asegure un mínimo vital" como un derecho de los usuarios.
Finalmente, ha manifestado que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido el agua "como un derecho humano" y ha realizado un cálculo que "puede servir de referencia para establecer el mínimo vital", así Facua ha recomendado que "este quede en cien litros por persona al día".
