La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura ha entregado dos viviendas sociales a Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz en la capital pacense para que esta entidad pueda desarrollar su Programación de Inclusión Social.
Caritas Diocesana es una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla "una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos" en situación "de precariedad y exclusión", entre ellos el de personas sin hogar, según ha informado el Gobierno extremeño en una nota de prensa.
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, ha sido el encargado de entregar estas dos viviendas a Cáritas Diocesana. El acto de cesión ha tenido lugar en la sede de la Consejería en Mérida y a él han asistido el director en funciones de Cáritas Badajoz, Juan Santiago Garrido; y la directora del Programa de Inclusión, Piedad Soto; quienes han destacado "la importancia de estos inmuebles para ayudar a las personas que están en riesgo de exclusión".
Del Moral ha indicado que estas viviendas "posibilitarán que personas en riesgo o en situación de exclusión dispongan de un hogar donde desarrollar su autonomía y un marco estable de convivencia de cara a su inclusión en la sociedad".
El consejero ha declarado que "nunca antes" se ha realizado en la región una política en materia de vivienda con un matiz "tan social como en los últimos tres años".
Por este motivo, ha asegurado que el Gobierno de Extremadura continuará con su trabajo para que las viviendas sociales estén en manos de las personas y los colectivos "más necesitados de cada municipio y no en poder de quienes las ocupan irregularmente, las destrozan, mantienen en ellas conductas asociales o las utilizan como segunda residencia".
El titular de Vivienda ha defendido que desahucios como los 111 autorizados por los jueces en viviendas de promoción pública de la región desde 2012 sirven para poner de nuevo esas casas "en manos de las familias que verdaderamente las necesitan en cada municipio".
En esta misma línea, Del Moral ha garantizado que todos los expedientes de desahucio iniciados por la Administración autonómica "están totalmente justificados socialmente y avalados por la justicia".
También ha señalado que "ninguna familia de bien que resida en alguna de las viviendas de promoción pública debe estar intranquila porque" desde el Gobierno sólo impulsan procesos de lanzamiento en situaciones en las que se acredita "el mal uso reiterado de este bien público y, por tanto, nunca un vecino que no pueda pagar como consecuencia de la crisis va a perder su hogar".
